Hoy en día, no puede negarse la necesidad de una protección especial de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTI, de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas, encontrando a su favor convenciones y otras normativas internacionales con un origen común: el trabajo incansable de la sociedad civil para el reconocimiento de estas situaciones como un asunto de derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento internacional

de la libertad académica como derecho humano ha sido limitado, lo cual reclama la atención urgente de los Estados, los órganos internacionales de derechos humanos, la comunidad internacional en general, y la sociedad civil articulada en el marco de las universidades y las organizaciones de derechos humanos. La libertad académica es un derecho humano inherente a la democracia y al desarrollo de las sociedades que requiere mayor protección internacional.