Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos. EL PENSAMIENTO BAJO AMENAZA situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela

Las universidades venezolanas vienen experimentando un deterioro progresivo de su autonomía y de la libertad académica de sus integrantes, directa violación al derecho a la educación que afecta, también otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la asociación, con serias consecuencias y costos humanos en lo que respecta al derecho a la vida, la integridad física, la libertad personal y el debido proceso.

Una primera expresión del proceso de erosión de las bases de la autonomía universitaria y la libertad académica se observa a partir de 2003, con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo, seguida por el desconocimiento y desmontaje progresivo del marco jurídico y, finalmente, con el desarrollo de una nueva institucionalidad en las políticas sobre educación superior, cuya base es un sistema paralelo de universidades, pero que se extiende a otras estructuras y asociaciones necesarias para el funcionamiento del sistema universitario.

Como parte de este proceso, en 2009 es aprobada la Ley Orgánica de Educación, en la cual se plasma de manera expresa la concepción del Estado docente y se anticipan algunos supuestos que posteriormente serán aplicados a la educación universitaria a partir de 2010, cuando la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Educación Universitaria que, pese a haber sido vetada por el Presidente en enero de 2011, ha sido impuesta por la vía de los hechos a partir de entonces.

De conformidad con el rescate de la figura del Estado docente, el Ejecutivo impuso desde 2014, un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no académicos en la decisión sobre el ingreso de estudiantes a las universidades. Como consecuencia de este sistema impuesto – y cuestionado tanto por las autoridades universitarias como por el movimiento estudiantil – se amplió significativamente la brecha entre estudiantes con cupo asignado y estudiantes que, en efecto, consignaron los recaudos para formalizar su ingreso.